Comunicado de prensa

¡YA ESTÁ BIEN!

• La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS), que agrupa a 42 organizaciones sociales; a tenor de la comparecencia del día de hoy de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, pone de relieve la respuesta del tercer sector de acción social en Asturias ante la crisis social COVID19 desde el minuto cero, sin contar con la interlocución con la Consejería de manera formal y en un protocolo de actuación conjunto.
• Queremos expresar el malestar ante la comparecencia de la consejera esta mañana, por la escasa interlocución con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar durante estos meses, y el hecho de que la primera comunicación no sea un reconocimiento a la labor, sino un recorte económico

Hoy hemos asistido atónitas a la comparecencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en la Junta General del Principado de Asturias en el marco de la Comisión de Estudio de la gestión de la crisis, a fecha de 24 de julio de 2020.

A lo largo de esta semana se han puesto sobre la mesa líneas de trabajo futuro para avanzar en la construcción de un modelo de transformación social que nos debería ayudar a no dejar a nadie atrás. Reflexiones y propuestas muy necesarias y construidas desde el respeto y preocupación por las situaciones de vulnerabilidad que vivimos en nuestra región. No en vano, el avance de la encuesta de condiciones de vida de 2019 sitúa la Asturias preCovid en el mayor índice de exclusión y/o pobreza de los últimos 11 años (una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social –AROPE- del 24,6% en 2019, habiéndose incrementado un 18% en los últimos doce meses mientras que en el conjunto de España desciende).

Desde las entidades sociales hemos trabajado durante todo el estado de alarma sin pedir nada a cambio, incrementando recursos humanos y económicos y multiplicando esfuerzos y horas de trabajo para llegar a todas las personas que requerían una respuesta a necesidades urgentes que no estaban siendo atendidas, tejiendo puentes con las administraciones locales y la Delegación de Gobierno.  Todo esto, sin mantener ningún contacto ni coordinación con la Consejería de Derechos Sociales y  Bienestar  hasta que pasaron 30 días de la declaración del Estado de Alarma, a pesar de la proactividad de las entidades sociales en procurar y demandar la coordinación; en este sentido, el silencio de la consejería resulta cuando menos doloroso/curioso ya que el tejido asociativo asturiano ha sido reconocido a nivel estatal por su capacidad de adaptabilidad y respuesta ante la crisis social derivada de la COVID-19 por el Gobierno de España, señalando su actuación durante la pandemia como ejemplo de buena práctica en la documentación técnica para el trabajo en redes comunitarias en la guía del Ministerio de Sanidad[1]

En todo momento justificábamos desde las entidades la desconexión de la Consejería con el grueso de entidades sociales, por la situación de urgencia y lo prioritario que era atender la realidad de las personas mayores. Tras este periodo, en el que gran parte del tercer sector social ha trabajado de manera intensa sin coordinación directa con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la primera interlocución con la Consejería aduce a una reducción de las convocatorias generales para el desarrollo de proyectos de intervención social.

El recorte previsto supone, en el año de la crisis social, sanitaria y económica COVID-19, una reducción de 790.847,92 euros en proyectos sociales desarrollados en Asturias. Esto afectaría de manera directa a 286 proyectos de intervención en ámbitos como la inclusión social, la intervención con menores, la actividad colectiva de mayores, la intervención en situaciones de diversidad funcional o la acción voluntaria, desarrollados por 156 entidades que operan en la región.

Estos 286 proyectos dan respuesta a situaciones de vulnerabilidad en la región promoviendo la participación y la vertebración social, y atendiendo a situaciones de exclusión social, menores en riesgo, personas con diversidad funcional, mayores o impulsando la promoción de acciones de voluntariado. Estas situaciones han sido de las más afectadas por la crisis COVID19, y quedarán aún más desprotegida tras esta decisión.

Frente a estos hechos, esta mañana escuchamos como se señalaba a las entidades de poco solidarias o de falsear la realidad, entre otras expresiones y comentarios que nos han dejado perplejas.

Precisamente si algo nos caracteriza a las entidades sociales, y así se ha evidenciado en esta crisis sanitaria, es la solidaridad de la que han hecho gala entidades y voluntariado que desde el primer momento han puesto a disposición del bien común, de la ciudadanía y sobremanera de aquellas personas más afectadas por la situación de emergencia sociosanitaria todos sus recursos, económicos y personales, desde la cobertura de necesidades básicas  hasta el acompañamiento y apoyo psicoafectivo a quienes más lo necesitaron.

Repetir errores del pasado

Ni el tercer sector de acción social, ni la protección social pública, ni la población más vulnerable, se ha recuperado todavía de la crisis económica de 2008. Esto está determinando el enorme impacto social de la crisis social, sanitaria y económica COVID19, aplacando a la población en mayor vulnerabilidad. Con este precedente, es difícil de asumir que en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias se ancle una política de recorte, de enfrentamiento –en lugar de colaboración- con el tejido asociativo, para dar respuesta a un momento de enorme riesgo.

Esperamos que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar reconsidere su postura, manteniendo la inversión social en El Principado de Asturias, esto pasa por no anular o recortar convocatorias, a la par que por aprovechar el papel que juega el tercer sector en el territorio. Las entidades sociales estamos, como en todo momento, dispuestas a seguir trabajando y cooperando con la Administración Pública para proteger los derechos y bienestar de la ciudadanía asturiana.

Gijón, 24 de julio de 2020

[1] Redes comunitarias en la crisis de COVID-19. Ministerio de sanidad. 30 de abril de 2020.