Conociendo a… COPESPA

octubre 5(lunes) 10:05am admin_eapnas Entidades 0 comentarios

Con motivo del Día Internacional de la Educación Social, tenemos el privilegio de contar con el Colegio Oficial de la Educación Social del Principado de Asturias entre nuestras entidades miembro, y en esta entrevista nos queremos acercar un poco más a su actualidad.

P: La Educación Social ha sido protagonista de muy diversos titulares recientemente: desde el reconocimiento profesional por parte del Principado de Asturias, hasta el rol de este perfil en los servicios de protección a menores. ¿Podríamos decir que la Educación Social ya es una profesión ampliamente reconocida por la sociedad de hoy en día?

R: Podemos decir que la Educación Social ha avanzado de manera muy importante en su reconocimiento institucional y social, pero también debemos ser prudentes: todavía no podemos hablar de un reconocimiento pleno.
En Asturias hemos dado pasos muy relevantes. La creación del Cuerpo de Educación Social dentro de la Ley de Empleo Público del Principado en marzo de 2023, supone un reconocimiento expreso de nuestra profesión dentro de la Administración autonómica. Además, cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de nuestra intervención en ámbitos como la protección a la infancia y adolescencia, la discapacidad, la inclusión social, la atención a personas mayores, la salud mental, la igualdad, las adicciones o el trabajo comunitario.

Sin embargo, siguen produciéndose situaciones en las que puestos con funciones claramente socioeducativas no exigen la titulación específica en Educación Social, en cumplimiento de la Ley. Precisamente por eso, desde el Colegio seguimos defendiendo que el reconocimiento de una profesión no puede quedarse únicamente en las normas o en su denominación: tiene que trasladarse también a la práctica, a las convocatorias públicas, a los equipos profesionales y al conocimiento que la ciudadanía tiene de nuestro trabajo.
Por tanto, hemos avanzado mucho, pero aún tenemos camino por recorrer. Nuestro objetivo es que la sociedad identifique con claridad qué hace un educador o una educadora social, cuál es su formación y por qué su intervención profesional es necesaria.

P: En los últimos años habéis defendido la importancia de asegurar que las plazas públicas de educadores/as sociales en nuestra región estén ocupadas por personas que cumplan con la titulación oficial. ¿Creéis que esto animará a más jóvenes a formarse en el Grado en Educación Social?
R: Creemos que puede contribuir, sin duda. Cuando una Administración reconoce que determinadas funciones corresponden a una profesión, y exige para su desempeño la titulación universitaria correspondiente, está transmitiendo un mensaje muy importante tanto a la sociedad como a quienes están pensando en su futuro profesional.
Defender que las plazas de Educación Social sean ocupadas por profesionales con la titulación universitaria no es una reivindicación corporativista. Es, ante todo, una cuestión de calidad y de garantía para la ciudadanía. Las personas que reciben una intervención socioeducativa tienen derecho a ser atendidas por profesionales que cuentan con la formación y las competencias necesarias.

Además, proporciona coherencia al propio sistema universitario. Si existe un Grado universitario específico que forma profesionales de la Educación Social, lo lógico es que las plazas creadas para desarrollar esas funciones reconozcan esa cualificación.
Esto también puede ayudar a que los jóvenes perciban la Educación Social como una profesión con identidad propia, con ámbitos definidos de intervención y con posibilidades reales de desarrollo profesional. Ahora bien, para hacer atractiva la profesión no basta únicamente con exigir la titulación: también necesitamos empleo de calidad, estabilidad, condiciones laborales adecuadas y un reconocimiento efectivo de las responsabilidades que asumen diariamente las educadoras y los educadores sociales.

P: Teniendo en cuenta el actual contexto sociopolítico con el creciente aumento de los discursos de odio, ¿qué papel juega la Educación Social en la promoción de la convivencia?
R: La Educación Social tiene un papel fundamental porque trabaja precisamente allí donde se construye la convivencia: en los barrios, en los centros educativos, en los recursos de protección, con jóvenes, familias, personas mayores, colectivos vulnerables y comunidades.
Los discursos de odio, los prejuicios o la discriminación no se combaten únicamente mediante normas. También requieren educación, prevención, pensamiento crítico, espacios de encuentro y oportunidades para conocer y comprender a las personas que percibimos como diferentes. Ahí la Educación Social tiene una capacidad especialmente importante. Nuestro trabajo consiste, entre otras cuestiones, en generar vínculos, favorecer la participación, prevenir situaciones de exclusión, mediar ante los conflictos y educar en el respeto a los derechos humanos y a la diversidad.

Además, debemos prestar una atención especial a los entornos digitales, porque una parte importante de la socialización, especialmente entre adolescentes y jóvenes, se produce hoy en las redes sociales. Educar para interpretar críticamente la información, identificar mensajes discriminatorios y relacionarnos responsablemente también forma parte de los nuevos retos socioeducativos.
La convivencia no significa que todos pensemos igual. Significa aprender a vivir en una sociedad plural desde el respeto, el diálogo y el reconocimiento de los derechos de todas las personas. Y en esa tarea la Educación Social tiene mucho que aportar.

P: ¿Cuál ha sido vuestra principal reivindicación este 2 de octubre, Día Internacional de la Educación Social?
R: Este año hemos querido lanzar un mensaje muy claro junto al Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales: “Profesión, derechos y ciudadanía. Regulación ya”.
Nuestra principal reivindicación ha sido pedir que se agilice la tramitación del Proyecto de Ley por el que se regulan las profesiones de los Servicios Sociales. Consideramos necesario avanzar hacia un marco estatal común que defina claramente los requisitos para ejercer la profesión, reconozca las funciones y competencias propias de la Educación Social y aporte seguridad jurídica tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

No estamos hablando únicamente del reconocimiento de una profesión. Estamos hablando también de garantizar que las personas que reciben una intervención socioeducativa sean atendidas por profesionales con la formación y cualificación adecuadas.
Una regulación clara permitiría además combatir situaciones de intrusismo profesional y evitar que existan criterios diferentes según la administración o el territorio a la hora de determinar quién puede desempeñar determinadas funciones socioeducativas.

También hemos reivindicado algo que no podemos separar del reconocimiento profesional: unas condiciones laborales dignas, equipos suficientes y estabilidad en los servicios. La calidad de la intervención socioeducativa depende también de las condiciones en las que los profesionales pueden desarrollar su trabajo.
Por eso, este 2 de octubre hemos vuelto a defender que reconocer y proteger la Educación Social es, en último término, proteger el derecho de la ciudadanía a recibir una atención socioeducativa de calidad.

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