EAPN Asturias presentó esta mañana los datos del XVI Informe El Estado de la Pobreza en Asturias y en España en la Junta General del Principado de Asturias, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social. 

Al acto asistieron Juan Cofiño González, presidente de la Junta General del Principado; Elena Rúa, presidenta de EAPN-AS; y Loreto Ventosa y Mariluz Rivero, técnicas de EAPN-AS quiénes fueron las encargadas de presentar los datos para España y Asturias, respectivamente.  

El XVI Informe AROPE muestra los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio del indicador AROPE y sus componentes entre 2015 y 2025. En España, el 25,7% de la población está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, esto son 12,6 millones de personas.  

Las políticas sociales no están alcanzando la intensidad suficiente para proteger a las personas que viven en condiciones más precarias, lo que cronifica su situación y tienen mayores dificultades para salir de la pobreza. Preocupa sobre todo la situación de la población menor de edad cuyos datos se mantienen en cifras similares a los de los peores años de la gran recesión: un 33,8%, cerca de 2,7 millones, de niños, niñas y adolescentes se encuentra en situación AROPE. Por primera vez España lidera la lista de países de la UE con mayor tasa AROPE infantil. 

En España hay 3,9 millones de personas que viven en pobreza severa. Pese a la disminución de la intensidad de la pobreza, es necesario destacar aquellos perfiles de población que más la sufren como las mujeres, los hogares monomarentales, las personas que viven de alquiler a precio de mercado o la población desempleada.  

En Asturias, en 2025, el 22,4 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE), 1,5 puntos porcentuales más que el año anterior. Se deterioran también todos los subindicadores: la tasa de pobreza asciende hasta el 17,2% (1,6 puntos porcentuales más que el año anterior), la proporción de personas que viven en hogares con baja intensidad en el empleo alcanza el 11,1% y la carencia material y social severa se incrementa hasta el 6,7%.   

De igual forma, se intensifica la pobreza severa, sobre todo en menores de edad (19,4%). Los perfiles de mayor vulnerabilidad son las personas desempleadas, los hogares con menores económicamente dependientes a cargo y la población que vive de alquiler.  

Vivienda 

El aumento de renta de las personas en situación de pobreza o exclusión social queda absorbido por la subida de los precios de los contratos de alquiler y el coste de vida. De media, las personas en situación de pobreza en Asturias dedican el 34,5% de sus ingresos al pago de gastos relacionados con la vivienda.

También, se da un aumento en los indicadores relacionados con la capacidad de gasto de la población: 12,2% de la población asturiana informa de tener retrasos en los pagos del alquiler o la hipoteca (un indicador que presenta una tendencia ascendente desde 2021) y hasta el 38,7% presenta dificultades para llegar a final de mes. Hasta el 40,2% de la población en alquiler se encuentra en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y el 19,8% presentan severas dificultades para afrontar gastos básicos. 

En cifras

• 22,4% en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) 

• 17,2% en situación de pobreza 

• 8,8% vive en pobreza severa (ingresos menores de 679 €/mes unidad de consumo) 

• 11,10% reside en hogares con baja intensidad en el trabajo 

• 6,7% sufre carencia material y social severa 

Las transferencias sociales y las pensiones son esenciales para la reducción de la pobreza en Asturias. Sin ellas, casi la mitad de la población asturiana estaría en pobreza. Las pensiones reducen la pobreza incluso entre los menores de 65 años. El resto de las transferencias sociales reducen la pobreza en 6,3 puntos porcentuales, por encima de la media estatal (5,9%). 

Los datos confirman una tendencia marcada por la cronificación de la pobreza, que se intensifica en los menores y en las personas en alquiler a nivel autonómico y estatal, empujada fundamentalmente por la grave situación de la vivienda y por un crecimiento económico que no está consiguiendo redistribuir para reducir los niveles de exclusión social y desigualdad. Se requieren políticas sociales más ambiciosas, con mayor alcance e intensidad, así como políticas fiscales más redistributivas.